El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la empresa explotadora de un casino no tiene derecho a exigir a sus clientes el dinero que pierden jugando o apostando a crédito o con dinero que ésta les ha prestado, ya que en ese caso el juego "habría dejado de ser lícito o no prohibido".
Así lo ha acordado el pleno de la sala de lo Civil del Alto Tribunal en una sentencia, en la que estima el recurso de un jugador y le exime de pagar los 30.050 euros que le reclamaba un casino de Zaragoza.
"El préstamo o crédito a una persona para jugar, concedido por la empresa titular del casino o sus directivos o empleados no constituye delito, pero sí introduce en el contrato de juego o apuesta una causa torpe que impide al prestamista, ganador a su vez en el juego, reclamar la devolución del dinero que prestó para jugar".
El jugador acusó a los responsables del casino de aprovecharse de la situación desesperada al permitirle adquirir fichas a cambio de cheques, y al regalarle copas y entradas gratis sabiendo que estaba pasando por dificultades. En otras ocasiones había acabado pagando el importe de los cheques con las propias ganancias del juego, pero con el tiempo fue perdiendo y no fue capaz de asumir la deuda adquirida y el casino llegó a tener cheques y pagarés del jugador por importe de 60.101 euros, "cuyo pago éste no efectuaba acudiendo a un sin número de excusas", por lo que fue demandando por la empresa Casino de Zaragoza S.A.
Un juzgado de primera instancia de Zaragoza absolvió al jugador pero posteriormente le condenó a pagar 39.065 euros, cantidad que fue rebajada por la Audiencia de Zaragoza a 30.050 euros.
Ahora el Tribunal Supremo anula dicha sentencia y exime al jugador de abonar dicha cantidad y afirma que los hechos revelan "una mantenida inducción o incitación" del casino al jugador para seguir jugando "por encima de sus posibilidades y a cambio de documentos que sabía difícilmente realizables".
La sentencia añade que "cualquiera que sea el juicio moral que hoy merezcan tales juegos, lo cierto es que jurídicamente, el ordenamiento sigue contemplándolos como un peligro potencial para las personas y el patrimonio de los jugadores y sus familias, algo que resulta notorio por demás desde la caracterización clínica de la ludopatía".
De ahí la prohibición de préstamos, con el fin de evitar que el jugador arriesgue más dinero del que pensaba cuando entró en el casino, según el alto tribunal, "de impedir, en suma, que por el afán de recuperar lo perdido el jugador sea fácilmente inducido en el propio local a seguir jugando y con ello, muy probablemente, a perder aún más dinero en provecho de quien lo presta", dice la sentencia.
Conclusión, si el casino presta dinero a un jugador, este no le deberá nada. El Tribunal Supremo considera que al estar prohibidos los préstamos a jugadores, el casino no puede exigir su cobro en caso de impago.
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