Ayer en la sesión del Congreso llegó el día de pedir explicaciones sobre el futuro del juego público.
El diputado del PP, Antonio Gallego, exigió a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado que aclarase los motivos por los cuales pensaba cambiar “de tapadillo, sin debate parlamentario y sin consenso previo con el sector” el modelo de gestión de Loterías y Apuestas del Estado, mediante dos disposiciones adicionales en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
Elena Salgado defendió la modificación de la gestión de LAE aclarando que "los motivos son cumplir con la normativa comunitaria porque con el nuevo régimen los contratos deben estar regidos por el derecho privado. No podemos continuar con la legislación existente".
Sin embargo, está explicación no convenció a Antonio Gallego que arremetió contra el Ejecutivo y afirmó que “ha vuelto a poner de acuerdo a todo el mundo en contra de su propuesta, incluyendo a sindicatos y todas las entidades que representan a los concesionarios de lotería. Están tan escandalizados ante su propuesta que hace pocos días se produjo la primera huelga de loteros en España en 200 años de tradición…El Ejecutivo está haciendo las cosas rematadamente mal y ha enfocado el tema desde la más absoluta frivolidad y precipitación. Han generado incertidumbre y miedo en un sector del que dependen más de 10.000 puestos de trabajo”.
Por su parte, la ministra de Economía y Hacienda señaló que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece la obligación de someterse al régimen de derecho privado, por lo que era “necesaria una nueva normativa” que regulase la relación de los puntos de venta con LAE.
En este sentido, indicó que “era necesaria una normativa básica”, que la inexistencia de esa normativa imposibilita la adjudicación de nuevos puntos de venta y cubrir las nuevas plazas que quedan vacantes por renuncias o jubilaciones. “Hace cuatro años que no se han concedido nuevos puntos de venta”, subrayó la ministra, quien aseguró que la disposición adicional “respeta los derechos adquiridos” y deja la puerta abierta a los actuales vendedores a acogerse voluntariamente al nuevo régimen en un periodo de dos años.
Pero Antonio Gallego siguió reprochando a Elena Salgado que "el Gobierno no ha aclarado la alternativa al actual modelo, ha ocultado el reglamento por el que se regirá este nuevo contrato, y abre la puerta a la privatización con dudosos resultados. No ha consensuado absolutamente nada con nadie y no ha impulsado ni quiere impulsar la necesaria Ley del Juego Público”.
Al final por todo ello, el diputado popular exigió responsabilidades y pidió a la vicepresidenta que destituyera al Director General de Loterías y Apuestas del Estado, Gonzalo Fernández, “por generar incertidumbre y miedo en el sector y poner peligro el patrimonio de los vendedores de loterías, así como sus derechos. Lo ha hecho rematadamente mal y es el responsable de este desaguisado, por haber permitido que el Gobierno abra la puerta a la privatización de este organismo”.
Las disposiciones 32 y la 34 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010 establecen que las cerca de 4.000 administraciones de loterías existentes en España tendrán que elegir a partir del 1 de enero de 2010 quedarse en el régimen concesional actual o pasarse al régimen privado, que será obligatorio para las nuevas administraciones.
Elena Salgado echó en cara al PP que se posicione en contra de la supuesta privatización de la lotería cuando “todo el mundo conoce su posición ideológica a favor de las privatizaciones e incluso de los servicios públicos”. Se quejó de su “falta de coherencia política en lo que dicen y lo que hacen en cada caso, y su oportunismo, ya que votó a favor de la disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales que ha puesto en pie de guerra a los loteros” achacando esta actitud al deseo del PP de “conseguir réditos electorales hasta en la última de las circunstancias”.
La vicepresidenta finalizó asegurando que los loteros “no tienen nada que temer de este Gobierno”.
Los "verdaderos motivos" de tanto cambio, se verá en un futuro. No se por qué no me fío ni un pelo…
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La política de hechos consumados es la única que conoce LAE desde siempre. Los administradores no tienen la razón absoluta ni son poseedores de la verdad, pero si son la cara visible de las Loterías del Estado, la auténtica imagen corporativa. Las personas que trabajan con la gente de la calle tienen el conocimiento que dan años y años de experiencia y algo tendrán que aportar.
ResponderEliminarDesde LAE siempre se ha ninguneado nuestra opinión y como prueba de ello está la última campaña de regalos de coches y paradores que ha resultado ser un auténtico ridículo.
Somos una red de recaudación de impuestos tremendamnete efectiva, invisible y le sale gratis al Estado, es más, encima pagamos nuestros impuestos,es desilusionador el menosprecio del que somos víctimas y la verdad no dan muchas ganas de seguir haciendo el idiota.