El PP llevará hoy miércoles, al Congreso la modificación del sistema de ventas de lotería en la última sesión de control parlamentario al Gobierno. La pregunta irá dirigida a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado para que aclare e informe sobre el proceso de reconversión de LAE a través del llamado Contrato Programa, para que explique el cambio total del actual sistema de gestión y comercialización según las disposiciones 32 y 34 y qué ventajas tiene para los loteros, y por qué tanto cambio sin una ley de juego publico previa.
Precisamente ayer, CC.OO y UGT se reunieron infructuosamente con directivos de Loterías y Apuestas del Estado. Los sindicatos no ven nada claro las intenciones del Gobierno y temen que si se liberaliza el juego público, a pesar de que LAE lo ha negado, se pierdan puestos de trabajo. Fuentes sindicales se quejan de que la actitud de LAE en este asunto que guardan la cara y no dan suficiente información a los posibles afectados.
A pesar de que los sindicatos se sienten defraudados por el modo en el que el ente ha introducido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales dos disposiciones que pueden suponer la liberalización del sector, ven complicado convocar una huelga, como ha sugerido alguna asociación de loteros ya que estos están sujetos a un régimen administrativo que contempla sanciones que pueden resultar nefastas para ellos.
Pero no sólo los vendedores del juego público tienen problemas, el otro juego semipúblico, la ONCE está en las mismas.
Delegados sindicales de la ONCE también muestran su preocupación por el recorte de derechos de los vendedores del cupón. Y han solicitado a distintos grupos parlamentarios una reunión para explicarles dicho recorte. Los sindicatos quieren que los referidos grupos medien para impedir las medidas previstas por la ONCE de cerrar kioscos de venta de cupones cuando no se llegue al mínimo de 2.300 euros de venta semanal, la sustitución de contratos fijos por temporales o la autorización de puntos de venta para ciertos productos en estancos, administración de loterías u otros establecimientos, "aplicando criterios empresariales por encima del fin social que tiene la ONCE".
En este momento tanto LAE y la ONCE no pretenden proteger al consumidor del juego online que consideran ilegal, ni proteger a sus vendedores actuales con nuevos cambios que n i siquiera están del todo claros. Lo que realmente tratan es de sostener con firmeza sus respectivos negocios bajo el paraguas gubernamental, buscando únicamente aumentar indiscriminadamente sus ingresos a costa de cargarse a sus redes actuales de ventas y por supuesto, vaciar los bolsillos de los consumidores con una sobreoferta de juego.
¡Cuánta hipocresía!
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y yo me pregunto, porque UGT pide que no se liberalice el juego publico, con el miedo a la perdida de puestos de trabajo y hace lo contrario en la ONCE, firmando el convenio colectivo que permite la liberalizacion de los juegos ONCE. No tienen temor a que se pierdan puestos de trabajo en la ONCE?, o para UGT no valen lo mismo los puestos de trabajo de la LAE que de la ONCE?.
ResponderEliminarCUANTA HIPOCRESIA SINDICAL