Contenido de la "Regulación del juego. Visión General"

Poco a poco, a cuentagotas, vamos conociendo el contenido e incluso el título del documento de la futura regulación del juego: “Regulación del juego. Visión general”. Ayer, tanto Cinco días como El Mundo publicaron sendos artículos sobre la futura ley del juego online.

Reproduzco ambos porque se complementan y porque desvelan a grandes líneas la futura regulación:

El Gobierno acabará con las apuestas online no autorizadas El mundo

Creará un regulador que cierre todas las páginas web sin licencia

El Gobierno está decidido a acabar con la alegalidad que, a día de hoy, supone el juego por Internet, una actividad cada vez más extendida y que supone, por un lado, un negocio a espaldas de la Hacienda Pública y, lo que es más peligroso, un camino para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales.

Ante esta situación, el Ejecutivo reunió el pasado miércoles en la sede del Ministerio del Interior a representantes de todas las comunidades autónomas para entregarles un documento en el que se recogen las líneas generales de la política que quiere desarrollar. El documento, al que ha tenido acceso El Mundo, ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda, dependiente del Ministerio de Elena Salgado.

La filosofía de los planes del Gobierno es clara: “Lo que no está permitido, está prohibido”. Así lo deja claro en diferentes puntos del documento, que lleva como título 'Regulación del juego. Visión general' y está fechado en enero de este mismo año.

El plan trasladado a las regiones pasa por tener lista en los próximos meses una ley estatal del juego, que obtenga el máximo consenso posible, y que regule toda actividad de juego “dirigida a todo el territorio del Estado o a más de una comunidad”.

Licencias y publicidad

Las apuestas online van a estar mucho más vigiladas que hasta la fecha. Hoy, la falta de legislación permite operar a cualquier compañía. Con la nueva ley, esto acabará. “Cualquier modalidad de juego no autorizada estará prohibida”. Y, de antemano, se elimina la posibilidad de desarrollar apuestas que atenten contra “derechos fundamentales, discriminatorios o atentatorios de la dignidad de la persona”, aquellos que “se fundamenten en la comisión de hechos delictivos o infracciones administrativas” o los que “recaigan sobre eventos prohibidos”.
Otro punto polémico es la publicidad, cada vez más habitual, de las casas de apuestas. El Gobierno se comprometió ante las regiones a pedir a los medios que, mientras no se apruebe la ley, sean prudentes a la hora de aceptar anuncios de esas empresas. La cuestión es cómo se hace, admiten en el Ejecutivo y en las regiones.

Cuando la norma sea una realidad, sólo podrán hacer publicidad las casas de apuestas o juego habilitadas, previa autorización del nuevo regulador que creará el Gobierno. Y será el Ejecutivo el que otorgue estos privilegios, que podrán requerir, además, del permiso de la comunidad autónoma de turno. Se garantizará un “procedimiento concurrencial y transparente” para la obtención de estas licencias. Cada modalidad de juego requerirá de “una licencia singular de explotación”.

Documentación

En todo caso, se exigirá que el operador sea una empresa de España o de la UE y que cuente con un establecimiento permanente en España. Deberá depositar una especie de fianza, entendida como “garantía general de solvencia”, y “garantías adicionales” por cada tipo de juego. Además, tendrán que presentar un plan operativo de la actividad.

Si pasados tres meses de solicitar una licencia no se recibe autorización, se entenderá que la petición ha sido denegada. En caso de autorización, será necesario haber contado con la homologación de los sistemas técnicos que vaya a emplear la empresa. Y se exigirá una unidad central de juegos conectada con el regulador que permita el registro de todas las actividades. Los servidores, además, deberán poder ser controlados desde España.

Se regularán, asimismo, sistemas de protección para menores y otras personas vulnerables al juego. Se arbitrará un procedimiento de reclamaciones ante el regulador. Este organismo velará por proteger al jugador de fenómenos de dependencia y por la “integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia” del juego.

En el apartado de sanciones, podrán adoptarse medidas como el bloqueo de actividades ilegales, la paralización de transacciones financieras o la supresión de campañas publicitarias.

Faltas y sanciones

Este primer documento no detalla el importe de las sanciones, pero sí clasifica algunas actuaciones en función de su gravedad. Así, se entenderán como infracciones muy graves la realización o promoción del juego ilegal, la manipulación de los sistemas técnicos, la realización de préstamos a participantes, la manipulación de los resultados o facilitar soporte técnico a operadores no autorizados.

Será considerado infracción grave la falta de colaboración con la inspección, hacer publicidad no autorizada o la falta de información a los participantes, así como la no tramitación de sus reclamaciones.

Queda por determinar cuál será la regulación fiscal de estas medidas, pero fuentes conocedoras de los planes del Gobierno apuntan en una doble dirección: gravar las actividades de los promotores como los de cualquier otra empresa, y, en segundo término, que los beneficios obtenidos por los participantes pasen por Hacienda, algo que ahora no sucede. Se piensa en un modelo similar al de los rendimientos del capital. Una retención inicial en cada premio (el ahorro tributa desde enero a un mínimo del 19%) y la liquidación definitiva en la declaración de la renta.

De momento se trata del primer borrador, pero el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y del de Economía y Hacienda, ya apunta cuáles son sus intenciones sobre el negocio del juego y las apuestas a través de Internet.

Los deportistas, en el punto de mira

El borrador prohíbe taxativamente jugar a los menores o incapacitados, quienes hayan solicitado quedar excluidos, así como directivos y accionistas de los organizadores y familiares directos. Pero hay más, y esto entronca con el reciente escándalo relativo a apuestas en un partido de Segunda División entre Las Palmas y Rayo Vallecano. Con la ley no podrán jugar “personas relacionadas con el desarrollo de las actividades deportivas en que se basen apuestas”.

Me gustaría puntualizar que la situación actual de alegalidad, la ha propiciado el propio gobierno por su pasividad regulatoria.

El Gobierno da entrada a las comunidades en la nueva ley del juego
Cinco días
El Ejecutivo prepara el nuevo borrador de la ley del juego y tiene intención de que las comunidades autónomas participen en su elaboración. A cambio, podrían recibir parte de los impuestos que graven las apuestas online. El Gobierno también plantea la creación de un organismo regulador. Su intención es tener listo el borrador antes del verano.

Es cierto que la nueva legislación sobre el juego lleva meses de retraso, pero parece que el Gobierno se ha puesto finalmente manos a la obra y el borrador estará listo en los próximos meses. Y no va a estar solo a la hora de crear un marco que regule, principalmente, las apuestas deportivas a través de internet.

La intención del Ejecutivo pasa por dar cabida a las comunidades autónomas para que éstas tengan voz y voto a la hora de determinar cómo será la nueva regulación de una industria en pleno proceso de expansión, pero que actualmente permanece en terreno de la alegalidad. Una ausencia de regulación que repercute negativamente a las arcas del Estado, ya que Hacienda no se está beneficiando de la carga fiscal sobre las apuestas en la red.

El primer paso se llevó a cabo la pasada semana cuando se reunió la Comisión Sectorial del Juego. En este organismo intergubernamental están presentes tanto los Ministerios de Hacienda e Interior el juego depende de este último por su posible vinculación con actividades ilegales, así como representantes de todas las autonomías y de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). En total, cerca de medio centenar de interesados en la regulación del sector.

Sin embargo, no estuvieron presentes representantes de la industria del juego online ya que, aunque la futura ley tenga como principal objetivo la regulación del sector, su estado de alegalidad impide la presencia de empresas como Bwin o Betfair.

La implicación de los gobiernos autonómicos en la regulación del sector tendrá, a priori, consecuencias positivas para éstos. El Gobierno ha abierto la posibilidad de que las comunidades autónomas se vean beneficiadas por los ingresos fiscales que genera el sector de las apuestas en la red.

Aunque sea difícil calcular en qué medida se beneficiaría Hacienda de la normalización de esta actividad, fuentes del sector apuntan una cifra aproximada de 100 millones de euros. Aunque ésta variaría en función de cómo evolucione el sector y de cuándo esté en marcha la nueva legislación.

Por el momento, es una incógnita cómo se desarrollará la nueva ley para recoger las aspiraciones recaudatorias de las comunidades. Una de las posibles soluciones, según apuntan desde el sector de las apuestas online, pasaría por entregar a la Hacienda autonómica la parte proporcional de impuestos que corresponda a los ingresos que genera en dicha comunidad.

Otro de los aspectos sobre la mesa es determinar quién y cómo vigilará la industria. Es decir, se creará un organismo regulador que seguiría el modelo británico. El Reino Unido es en gran medida el espejo al que se mira a la hora de establecer la legislación española. En éste existe una Comisión del Juego al que todos los operadores con licencia británica pagan un 15% de los impuestos sobre sus ganancias brutas. Además, los operadores autorizados tienen que pagar una cuota anual a esta Comisión. En el Reino Unido existe también otro organismo, la Agencia de Estándares Publicitarios, que deben evitar y sancionar las conductas publicitarias irregulares.

La necesidad de evitar escándalos deportivos

En los últimos meses las apuestas online están de relieve, especialmente, por los presuntos escándalos en el deporte rey. La presunta manipulación de un resultado entre Las Palmas y el Rayo Vallecano (que acabó 0-0) se destapó porque el número de apuestas a favor de ese resultado era inusualmente alto. De hecho, fue una de las empresas online la que dio la voz de aviso de que algo raro estaba ocurriendo. En concreto, avisaron a las casas de apuestas físicas (Victoria o Sportium, por ejemplo) que operan en la Comunidad de Madrid para que vigilaran si también detectaban irregularidades.

Sin embargo, la vinculación ilegal entre apuestas en internet y fútbol va mucho más allá de las competiciones españolas. De hecho, la UEFA ya ha señalado que está estudiando la posible manipulación de cerca de 200 partidos en países tan dispares como Hungría, Eslovenia o Albania.

Después de que se destapara este escándalo las empresas de apuestas a través de internet han vuelto a recalcar la necesidad de regular el sector. Es decir, consideran necesario que se condicione la obtención de una licencia para operar a través de la red a la obligación legal por parte del operador a comunicar de la Comisión Reguladora cualquier tipo de apuestas que presenten un patrón sospechoso.

La cifra

100 millones de euros podría ingresar, previsiblemente, la Hacienda pública a través de las apuestas online, según apuntan desde el sector.
La excusa para no poder estar presentes o no tener en cuenta a las empresas Bwin y Betfair a la hora de regular por ser alegales, me parece un error. Ya que son empresas reguladas en países de la UE con licencias en Malta y Gibraltar, que cotizan respectivamente en las bolsas de Londres y Viena, sus cuentas son públicas y auditadas, y por tanto son compañías de juego online seguras, solventes, y lo más importante, con gran experiencia y lo suficientemente representativas de la industria como para ignorarlas y no tenerlas en cuenta.

Precisamente son ellas, y algunas otras por supuesto, las que llevan años pidiendo que se legalice el juego en España para poder obtener algunas de las licencias que el gobierno estaría dispuesto a conceder. Cabe recordar que ha sido el sector presencial el que no ha querido que se regule hasta ahora y ha propiciado la inactividad legislativa para tener la excusa para pedir que se persiga el juego online por ilegal!

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