jueves, 25 de marzo de 2010

El régimen de loterías llega al Tribunal Constitucional

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicesecretario de Política Territorial del PP y presidente de esta formación en Andalucía, Javier Arenas, presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010, entre otros motivos, por cambiar la regulación de las loterías.

El PP defiende que, conforme a la doctrina constitucional, la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita su duración a un año, en este caso 2010, y no puede incluir medidas que no vayan asociadas a sus previsiones de ingresos y gastos.

En este sentido, Saénz de Santamaría anunció que el recurso va también contra los cambios que los Presupuestos incluyen en el régimen de comercialización de Loterías del Estado, que van más allá de 2010.
De entre estas disposiciones incluidas en el texto de la Ley destaca especialmente la disposición adicional trigésima cuarta. "Comercialización de los juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado", que contempla, con vigencia indefinida, la regulación del procedimiento de contratación de los puntos de venta que conforman su red comercial externa, con sometimiento al Derecho Privado, de conformidad a la Ley de Contratos del Sector Público, previsión que, además de ser ajena al contenido típico y propio de una Ley de Presupuestos Generales del Estado, no se limita evidentemente a un ejercicio presupuestario.

"El Gobierno ha aprovechado la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el debate limitado que tiene, para cambiar de arriba a abajo el régimen jurídico de las loterías y el régimen de los concesionarios perjudicando la seguridad jurídica y la estabilidad de muchas familias que se dedican a este sector", denunció Sáenz de Santamaría.

Al respecto, la portavoz del PP destacó que la lotería es "un elemento fundamental de los ingresos del Estado", por lo que solicitó al Gobierno "un debate completo sobre el régimen de las loterías en el Congreso, sin las limitaciones que plantea la Ley de Presupuestos".

Las reacciones no se han hecho esperar, en concreto la asociación de loteros Anapal, ya anunciaba y al mismo tiempo celebraba el martes 23 en su web que el PP presentaría un recurso de inconstitucionalidad a los a los Presupuestos Generales del Estado para 2010:

LA DIRECCIÓN DE LAE DEBERÍA FRENAR SUS PLANES HASTA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIE SOBRE LA DISPOSICIÓN 34
23/03/2010
Estimados compañeros, el día de hoy hemos conseguido una nueva victoria política de calado: el Partido Popular presentará mañana un recurso de anticonstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y, especialmente, a la disposición adicional 34 que facultaba a la Dirección de LAE a llevar a cabo sus planes privatizadores, y donde se definía a Los Administradores de Lotería como un sector a extinguir.

Primero fue el breve pero importantísimo reconocimiento al respeto de los derechos adquiridos de los administradores de loterías. A esto se unió la ampliación del plazo de opción ente contrato mercantil y concesión administrativa por dos años. Ahora el anuncio del recurso de inconstitucionalidad.

Si todo lo anterior lo acompañamos con el proceso de unidad abierto entre las asociaciones, las movilizaciones, las campañas en los medios de difusión, las relaciones con partidos y sindicatos, y los innumerables estudios y trabajos encaminados a demostrar racional y objetivamente que nuestras tesis son acertadas, no podemos más que afirmar que la brecha abierta en el torticero comportamiento de la Dirección General de LAE se encamina ineludiblemente al fracaso de su intentona por acabar con la Lotería Nacional y nuestra dignísima profesión de Administradores de Loterías.

Han sido, y seguirán siendo muchos meses (ya casi dos años) de esfuerzos, de trabajo, de dar argumentos y razones a todo el mundo, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación. Pero por fin comenzamos a obtener los primeros frutos: la dirección de LAE deberá frenar los planes de privatización a los que le facultaba la disposición 34 hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Probablemente la dirección de LAE intentará no darse por aludida, pero no lo podrá dejar de hacer. Gonzalo Fernández debe reflexionar sobre su insostenible papel como máximo responsable de este entuerto y sobre los más de tres años de incertidumbre al que tiene sometido a un sector empresarial: las Administraciones de Lotería que, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia, podemos jugar un papel relevante en impulsar medidas de reactivación del juego público y de salida a la crisis.

Determinados compañeros han intentado defender la política de la dirección de LAE, argumentando que todo el "pescado estaba vendido", que teníamos que renunciar a nuestra exclusividad en la venta de Lotería Nacional (aceptando su salida por Terminal) que teníamos que renunciar a nuestra concesión administrativa, y que sólo nos quedaba "aplaudir" las insensatas medidas para los intereses públicos que se tomaban desde la dirección general de LAE. Sería bueno que reflexionaran y se unieran a esta lucha por la dignidad de los administradores, por nuestro futuro.

Aún nos queda mucho por hacer, pero este triunfo está ahí. Se trata de seguir luchando sin caer en el desaliento, cosa que algunos tratan de infundirnos.

Vamos a convocar un cierre condicional, intermitente y transitorio para el próximo mes de abril, que se dará a conocer de forma oficial a toda la población española a través de una rueda de prensa.

Así mismo hay ya convocado un "Congreso de Unidad" para el 18 de abril, donde estarán presentes representantes políticos y sindicales con cobertura de los medios de comunicación.

Enhorabuena, y ánimo a tod@s.

Mientras se abre el debate sobre el régimen de loterías y los loteros convocan el cierre de las administraciones, algunos siguen sin enterarse…
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1 comentario:

  1. Según la providencia dictada el pasado 14 de abril, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra algunas disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 entre ellas, por cambiar el régimen de comercialización de las loterías del Estado que exceden el contenido ordinario sobre los asuntos susceptibles de ser llevados a una ley de presupuestos.

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