La intención del Gobierno es remitir al Congreso el proyecto de ley juego online antes de que finalice el año

El pasado27 de octubre publiqué lo que había trascendido de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ante la Comisión de Economía del Congreso. Ahora que ya se ha publicado en el Diario de Sesiones del Congreso, por su interés, lo reproduzco en su totalidad:

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos (Ocaña y Pérez de Tudela) para informar sobre:


-Las modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de la Lotería y Apuestas del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000877.)


-La voluntad del Gobierno de regular las apuestas y juegos por Internet. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000999.)


La cuarta cuestión se refiere a dos preguntas, una sobre las modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de Loterías y Apuestas del Estado, y otra sobre la voluntad del Gobierno de regular las apuestas y juegos por Internet. Voy a abordar en primer lugar esa última cuestión. Señorías, la situación de los juegos de azar en Europa ha cambiado enormemente en los últimos años. Por un lado, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha conciliado los intereses de los consumidores con la liberalización del mercado y, por otro, la irrupción de las nuevas tecnologías y su uso masivo por los ciudadanos ha mostrado que la normativa que teníamos vigente hasta ahora es anacrónica, no contempla unas formas de actividad que antes no existían y ahora sí y son muy frecuentes. En este contexto, un sector que ha cambiado y una posición de la Unión Europea que ya nos está obligando a cambiar la regulación de ese sector, el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros estudió un primer informe sobre el anteproyecto de ley de regulación de los juegos de azar de ámbito estatal. El proyecto de norma prevé regular especialmente las nuevas modalidades de juego desarrolladas a través de medios informáticos, electrónicos y telemáticos con respecto a las competencias de las comunidades autónomas, por tanto regular solo cuando el ámbito de esos juegos exceda el de una comunidad autónoma. Lo que se pretende con todo esto es simplemente dar seguridad jurídica tanto a los operadores como a los usuarios en una actividad que hace unos pocos años, insisto, sencillamente no existía y por tanto no está regulada y hay ahí un vacío legal, un agujero que conviene llenar. La intención del Gobierno en este momento es remitir a esta Cámara el proyecto de ley antes de que finalice el año con el propósito a su vez de que pueda ser promulgado en el próximo periodo de sesiones. En este momento estamos consensuando el proyecto con las comunidades autónomas que, por un lado, son las competentes en el juego de ámbito de una sola comunidad autónoma y, por otro lado, son muy relevantes en muchos otros aspectos de protección al consumidor, etcétera. En ese sentido, ya se ha celebrado una reunión del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre. En esa reunión se habló exclusivamente de los aspectos fiscales del texto, cómo las nuevas modalidades del juego —en particular el juego por Internet— deben estar sometidas a tributación igual que el resto de las modalidades de juego y cómo los ingresos que se deriven de ese nuevo impuesto deben ser recibidos por las comunidades autónomas y en su caso qué parte se quedaría el Estado. Trabajando en esta misma línea, el próximo día 27 de octubre, es decir mañana, se reunirá por la mañana la Comisión sectorial del juego para hablar de todos los demás aspectos, los no tributarios: protección del consumidor, control del juego, es decir todos los aspectos que son relevantes para el Ministerio del Interior; y por la tarde se reunirá un grupo de trabajo de coordinación normativa y fijación de criterios que va a volver a hablar de la cuestión tributaria, de los impuestos sobre esas nuevas modalidades de juego. Por tanto, ahora estamos ocupados en que la regulación que se establezca para las nuevas modalidades de juego sea pactada, sea consensuada, sea aceptada por las comunidades autónomas. En este esfuerzo estamos dando cumplimiento a algo a lo que el Congreso ya nos instó hace algún tiempo. Este anteproyecto de ley, cuando lo presentemos, dará cumplimiento a la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de medidas de impulso a la sociedad de la información, que mandataba al Gobierno para que presentara precisamente una regulación de las nuevas modalidades de juego. Esa disposición, por cierto, se aprobó por consenso de todos los grupos parlamentarios y aquí simplemente estamos dando cumplimiento a una necesidad compartida por todos los grupos y, en ese sentido, no debería plantear ningún problema.


En cuanto al contenido probable del anteproyecto, entre otras cuestiones se recogen los procedimientos para dar licencias y autorizaciones para operar en el mercado, procedimientos de control y régimen sancionador en caso de que se incumpla la norma. Se contempla también la separación de las funciones de control y de operación, para modernizar la estructura de Loterías y Apuestas del Estado. En este sentido, vamos a proponer que se cree un órgano regulador del sector del juego, en el que estarán representadas las comunidades autónomas, y al mismo tiempo se establece una nueva sociedad estatal como operador de los juegos de titularidad del Estado. Lo que estamos proponiendo aquí creo que es fácil de entender. Hasta ahora, cuando los únicos juegos que había en España eran los que comercializaba LAE —por ejemplo, la lotería de Navidad y la primitiva— y los que comercializaba la ONCE, en régimen de monopolio –de relativo monopolio, pero monopolio—, el hecho de que existiera una Dirección General de Loterías, que era por una parte el regulador, el administrador, quien ponía sanciones, daba licencias y autorizaciones y al tiempo era quien operaba los juegos del Estado —la lotería de Navidad, la primitiva— eso no creaba problemas. Pero en un mundo bastante más complejo como el que vivimos ahora, en el que hay operadores privados comercializando juegos por ejemplo por Internet, mantener en un mismo órgano al regulador, el director general de Loterías, y al operador, que vuelve a ser el director general de Loterías, crea una confusión de funciones y de incentivos que no es razonable. No es un problema urgente que tengamos que resolver de hoy para mañana, pero tiene mucho más sentido separar la operación de la regulación. El regulador debe ser central, debe ser un árbitro que trata con el mismo criterio a todos los agentes y que se preocupa de la misma manera por la protección de todos los consumidores. El operador es una empresa que actúa con criterios de eficiencia, es decir, da el servicio que da con criterios de eficiencia, de minimización del coste. Los tiempos lo que requieren es que separemos operación y regulación, igual que ha ocurrido en muchos otros sectores. Esta es una mejora de gestión, no tiene más consecuencias que eso, pero es una mejora de gestión que da más transparencia, más seguridad al mercado del juego, que adapta nuestra normativa a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en ese sentido es algo que tenemos que hacer. Es una separación que además va a asegurarnos que no haya financiación cruzada entre distintos competidores, entre el Estado y los operadores; lo que hacemos es transparentar los flujos financieros. De nuevo creo que esto es bueno, es razonable y es simplemente modernizar un sector que se rige por una regulación de hace muchos, muchos años. Finalmente, en el anteproyecto de ley se propondrá regular el marco general del régimen fiscal de estas actividades, estableciendo un impuesto sobre las actividades del juego reguladas en esta norma y en cuya recaudación neta participarán las comunidades autónomas cuando las actividades de juego se realicen por medios telemáticos. Este es el planteamiento que estamos haciendo y que yo creo que responde a una demanda que nos llegó del propio Congreso.


La otra pregunta que voy a responder —ligado a lo anterior— tiene que ver con la reserva de comercialización de los juegos de lotería a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, por un lado, y a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por otro. En relación con las posibles modificaciones que pretende adoptar el Gobierno en cuanto al modelo de comercialización de los distintos productos de Loterías y Apuestas del Estado, se ha de señalar que se continuará con la implantación de un modelo de red comercial basado en contratos de derecho privado de acuerdo con las disposiciones que ya se contenían en la Ley de Presupuestos para 2010 y que todavía está vigente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues, de nuevo, modernizar; modernizar un marco regulador que se había quedado, por un lado, anticuado, y por otro, desacompasado de la normativa europea. Les pongo un ejemplo. En el marco de la comercialización, regulada por el derecho administrativo, cuando se produce el traspaso de una administración de loterías, por ejemplo por la defunción del administrador, compete al secretario de Estado de Hacienda firmar una resolución atribuyendo la administración de loterías a quien sea, normalmente a un familiar del finado. Si lo piensan, este es un esquema realmente arcaico, un esquema que se compadece muy mal con la forma en la que funcionan otros sectores. Piensen en otros sectores regulados. Me vienen a la cabeza ahora las farmacias; en este caso, es el propietario del establecimiento quien decide si traspasar o no y las condiciones, y sería inimaginable que el secretario de Estado de Hacienda o cualquier otra autoridad pública fuese la responsable de decir a quién se le da una farmacia cuando, por la razón que sea, dicho establecimiento cambia de titularidad. Pues bien, todo lo que hicimos hace un año y que ustedes aprobaron en la Ley de Presupuestos fue modernizar el tratamiento de esas administraciones de loterías asimilándolo más a lo que podría ser el tratamiento, por ejemplo, de los establecimientos de farmacia; estoy simplificando, pero creo que la idea es esencialmente correcta. Todo lo que estamos haciendo es dar un tratamiento más moderno y que de hecho beneficia a las administraciones de loterías porque da seguridad jurídica y porque les da más mando, más control sobre su establecimiento que el que tenían antes. Eso es lo que hicimos hace un año y esos son nuestros planes, los únicos planes que tenemos en relación con la comercialización. Planeamos mantener la reserva, planeamos mantener el statu quo vigente en todos los aspectos, y lo único que hemos hecho ha sido dar esa posibilidad de que sea el derecho privado y no el administrativo el que regule la actividad de este sector. Creo que es algo muy razonable y, de hecho, en la aplicación práctica no ha dado, hasta donde soy consciente, ningún problema; es algo que ha funcionado bien. Además, como esto se hizo con respecto a los derechos adquiridos —a nadie se le fuerza a cambiar de sistema, son solo las nuevas administraciones las que se rigen por el nuevo sistema—, no hay perjudicados. De hecho, la nueva posibilidad que se ofrece a las actuales administraciones es en realidad una ventaja para las mismas. Con este cambio facilitamos también la posibilidad de abrir nuevas administraciones, cosa que resultaba muy difícil porque estaban afectadas por los efectos de la disposición derogatoria de la Ley de contratos del sector público y hacía falta un marco regulador, que ahora ya tenemos. Esta es una mejora de gestión y una mejora técnica que no crea ninguna dificultad.


En resumen, y termino, no hay ningún tipo de privatización de la actividad de los comercializadores, sencillamente no lo hay, lo que hay es una actualización y una modernización en una doble vertiente: por un lado, en lo que se refiere a un marco regulatorio que estaba francamente anticuado y que adaptamos a las nuevas formas de juego de operadores de mercado, tal como nos requirió el Congreso en esa Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información a la que antes me refería, y por otro lado estamos ante la modernización de un marco de gestión anacrónico, basado en un viejo modelo de concesión administrativa que se adapta muy mal a las circunstancias en las que vive un establecimiento comercial en pleno siglo XXI. Estamos en un momento de transición y son elementos que van a facilitar la vida del sector del juego, que van a dar a LAE y también a la ONCE la posibilidad de competir y de mantenerse en el mercado y, por tanto, de seguir haciendo sus actividades, en el caso de LAE seguir dando ingresos a la Hacienda pública para acometer las actividades que realiza el Estado, y en el caso de la ONCE ingresos para las actividades que son propias de la ONCE. Creo que son cambios positivos para todos muy en línea con lo que está sucediendo en el resto del mundo y particularmente en otros países europeos. Esa es la única intención, modernizar un sector que tenía una regulación arcaica, muy arcaica.


Quedo a su disposición para sus preguntas.

Si hace cuatro semanas la intención del Gobierno era remitir al Congreso el proyecto de ley antes de que finalizase el año para que pudiese ser promulgado en el siguiente periodo de sesiones... Pienso que unos cuantos ya se encargarán de que esa intención sea sólo eso, de momento entre las CCAA ya hay discrepancias...

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