La LFP es la responsable de la organización de sus competiciones (Liga BBVA y Liga Adelante) y de su explotación comercial en el más amplio sentido, según definen los Estatutos de la LFP, ratificados por el CSD.
Pero con la redacción actual del borrador, nos encontramos ante un evidente recorte de los derechos de la LFP que ve como todas las disposiciones del anteproyecto tienen un denominador común: la limitación de los derechos existentes o la negación de los que pudieran corresponderle. Si esta línea se mantiene la posición de la LFP que se anuncia desde este momento es la iniciar toda clase de acciones para preservar sus derechos y para evitar que utilicen sin contraprestación –o con contraprestación manifiestamente insuficiente- los derechos relativos a sus competiciones por empresarios públicos o privados para la gestión de sus propios negocios.
Respecto a las apuestas deportivas, la Ley debe establecer un retorno a las entidades organizadoras, como sucede en otros países europeos. Y respecto a la Quiniela debe, cuanto menos, partirse de la situación actual para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la LFP.
Quiniela
El anteproyecto atribuye al Gobierno la capacidad de decidir cuándo se termina el retorno de la quiniela a la LFP lo que nos sitúa en un panorama de incertidumbre realmente difícil.
Desde este momento queremos indicar que la LFP tiene asumidas obligaciones frente a terceros que no podrá atender si no se le garantiza, al menos, partir de la situación actual en lo referente a la Quiniela y despejar incertidumbres.
En la redacción actual el borrador altera derechos consolidados de los que la LFP no puede hacerse responsable, por lo que no queda más remedio que anunciar su intención de revisar, denunciar y rescindir cualquier obligación asumida con arreglo a la normativa actual que no pueda ser mantenida con los ingresos procedentes de la recaudación “recortada”.
De antemano, se indica que, según nuestros cálculos solo podremos atender el pago del préstamo con el que se liquidó el Plan de Saneamiento y, eventualmente, algunas obras para la mejora de la seguridad sin poder hacer frente al resto de obligaciones que se contienen en las normas y muy específicamente las que provocaron la reforma de 2010 para encontrar un sistema de garantía con los deportistas profesionales.
No hay más que dos soluciones posibles: o se admiten acuerdos entre organizadores y licenciatarios para establecer compensaciones; o, si el Estado admite este "expolio" (ocupación de bienes ajenos sin indemnización) que sea él mismo el que establezca algún retorno para quienes prestan su actividad y su organización a un negocio ajeno.
Si las matizaciones anteriores no se aplican, el anteproyecto incitaría deliberadamente a los empresarios de las apuestas a realizar conductas claras de competencia desleal, expresamente prohibidas por el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia Desleal que califica como tal “…el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado…”.
La LFP dedica una parte importante de sus recursos económicos a fomentar el conocimiento público de sus competiciones. Por lo tanto, el interés de incluirlas en las apuestas es en gran parte consecuencia de esta inversión. Cuanto más se publicita más se conoce y, por tanto, más atractivo es el producto para quienes quieren establecer un negocio adicional basado en el conocimiento y la aceptación pública de un producto que es consecuencia, insistimos, de la labor y la inversión privada de la LFP.
Sin embargo el borrador reconoce que sólo es posible la actividad de las apuestas sobre competiciones que ofrezcan la seguridad y la solvencia al apostante, como sucede con las organizadas por la LFP, y por eso sólo se prevé conceder licencias si se opera sobre acontecimientos organizados (como los de la LFP), no espontáneos
El borrador, por lo tanto, no es respetuoso con los derechos y con la organización que con tanto esfuerzo económico y empresarial viene realizando la LFP. Y lo que resulta menos aceptable es que admite el posible aprovechamiento desleal de terceros, pero no fija, sin embargo, ninguna compensación para el organizador de la competición.
No es razonable que el Estado admita que para facilitar el negocio de un tercero, éste pueda apropiarse de los elementos de otros, menos aún que esto se produzca sin retorno ninguno al organizador. El borrador presentado sólo reconoce retornos al Estado y las Comunidades Autónomas vía impuestos y tasas, pero nada dice de quien monta la actividad sobre la que se sustenta el negocio.
Es preciso indicar que en el caso de las apuestas organizadas por empresas privadas, la finalidad no es otra que la puramente comercial, la de ganar dinero (cuánto más, mejor). Este esquema no tiene nada que ver con una labor benéfica y de apoyo al deporte que es la que, según el Tribunal Constitucional, permite que el Estado mantenga esta actividad y la “reparta” para el cumplimiento de estos intereses.
El Estado, las CCAA y ahora la LFP, todos quieren una porción del pastel de las apuestas. La Liga no sólo pretende que se mantenga el actual reparto de la Quiniela sino además una compensación por las apuestas deportivas...
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qué chorizos éstos de la LFP. por ganar dinero hacen lo que sea. lo bueno es que esta organización sí que tiene peso mediático y puede provocar el retraso o cambio de este anteproyecto. cree señorita Guillot que en el afán recaudatorio de la LFP podría dar marcha atrás a este anteproyecto? querrán ganar el máximo posible y ello se consigue con la concesión de licencias a las operadoras que mayor beneficio tienen como betfair
ResponderEliminarhola LAURA, ves posible que el gobierno recule con la presion de la AEDAPI y la LFP ??
ResponderEliminarGracias y Buen blog !
Todavía es muy pronto. No se sabe qué alegaciones van a ser tomadas en cuenta, ni qué artículos van a modificarse, confiemos que el regulador recapacite y actue con sensatez.
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