Los grupos parlamentarios presentan una bateria de enmiendas al proyecto de ley del juego. Empiezan a conocerse algunas...

Ayer concluyó el período de presentación de enmiendas al articulado el proyecto de ley de regulación del juego. Las agencias Europa Press y EFE han dado a conocer algunas.


Los distintos grupos parlamentarios han presentado en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas.

El PP se muestra contrario a la creación de la Comisión Nacional del Juego como órgano regulador del sector y a la privatización del 30% de Loterías. E insta a que, en caso de que el Gobierno se niegue a dar marcha atrás en la privatización de LAE, el proceso de valoración para elegir a la entidad que vaya a entrar con hasta un 30% en Loterías "sea equivalente a un volumen de deuda pública que suponga un ahorro de intereses similar en términos reales a los ingresos perdidos por la hacienda pública" con la privatización.

Además, el PP ha abogado por que la regulación del sector quede en la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, "para evitar incrementar el gasto público" con la creación de otro organismo que supondría, a juicio del diputado Antonio Gallego, "un coste al Estado perfectamente evitable".

Asimismo, el PP propone sustituir el sistema de otorgamiento de licencias a través de concursos por el de autorizaciones administrativas, ya que, según el diputado popular, el modelo previsto por el Gobierno limita la entrada de nuevos operadores y no favorece la competencia. Por otro lado, el grupo aboga por que los operadores de juego online actúen bajo el dominio ".es" y pide al Gobierno que elabore un plan de lucha para combatir la ludapotía.

Respecto a los nuevos impuestos que van a regular las apuestas por Internet, el PP apuesta por homogenizar el régimen fiscal y administrativos entre el juego online y el juego presencial. Además, en otra enmienda pide que se elimine el 20% adicional que las comunidades autónomas podían elevar las tasas a los distintos juegos y que se aplique un régimen fiscal beneficioso a Ceuta y Melilla atendiendo a sus características "geosociales".

El grupo también pide equipos especializados para el control del juego, el retorno de una parte de las tasas que se recauden para financiar el deporte en general y el fútbol, así como la eliminación de la obligación a los medios de comunicación de controlar si las empresas de juego que se anuncien en sus plataformas tienen o no licencia.

Por su parte, IU-ICV ha presentado una enmienda para prohibir expresamente a las entidades de crédito y a las empresas de telecomunicaciones tramitar transacciones o dar servicio de las empresas de juego online que operen en España sin licencia con el objetivo de acabar con "el juego ilegal" imponiendo "un mayor control sobre los medios de pago".

Asimismo, el grupo propone que si los bancos no bloquean las transacciones o las empresas de telecomunicaciones no cortan Internet a pesar de saber que las empresas a las que dan servicios no tienen licencias sean sancionados, de la misma manera que las empresas que operen sin licencia. Por otra parte, el grupo ha presentado una batería de enmiendas para garantizar la protección de los jugadores con adicción y los menores.

Mientras, el grupo Vasco EAJ-PNV ha registrado un total de 32 enmiendas al articulado, entre las que destaca su propuesta de cambiar el nuevo modelo de concurso para obtener las nuevas licencias previsto en el proyecto de Ley por un modelo de autorización administrativa similar al que actualmente se utiliza en algunas comunidades autónomas.

Para EAJ-PNV, con el modelo de concurso propuesto en el proyecto de Ley se limitaría el sector a alrededor de cinco licencias, lo que supone que "la mayoría de empresarios españoles de juego privado no podrán obtener una licencia general, con los perjuicios que ello supone".

PNV y CIU proponen reducir las multas por las diferentes infracciones contempladas en el proyecto de ley del juego.

CiU, el grupo que ha presentado más enmiendas, propone que las infracciones leves -como no informar adecuadamente sobre la prohibición de la participación de los menores- conlleven una multa de hasta 50.000 euros (frente a los 100.000 del proyecto de ley).

Para las graves -permitir el acceso a las personas que lo tienen prohibido, entre otras infracciones-, una multa desde 50.000 a 500.000 euros (100.000 a un millón de euros en el proyecto).

Las calificadas como muy graves -por ejemplo, carecer de título que habilite la organización o explotación de actividades-, CiU plantea una sanción de 500.000 a 25 millones de euros (el doble que el proyecto).

El grupo catalán entiende que el régimen sancionador del proyecto de ley "parece a todas luces desproporcionado".

CiU, asimismo, le da al Ministerio de Economía y Hacienda la potestad para sancionar, junto a las comunidades y la Comisión Nacional del Juego.

Además, las enmiendas del grupo catalán incluyen deberes de los participantes, tales como no alterar el desarrollo normal de los juegos e identificarse ante los operadores según lo establecido reglamentariamente.

CiU profundiza en la prevención de las conductas adictivas y en la protección de los derechos de los menores, así como en las competencias de las comunidades autónomas, y permite la participación en los juegos a residentes fuera del territorio español.

En el mismo sentido ha presentado el PNV varias de sus 32 enmiendas, en las que, además, pide que la ley especifique que en las apuestas deportivas se pueda participar con carácter previo al evento y durante la celebración del mismo. También propone que para las apuestas deportivas los responsables de la organización de dichas competiciones las autoricen.

Este grupo apuesta, al igual que CiU, por rebajar las multas para las infracciones calificadas como leves, que para el PNV no deberían sobrepasar los 50.000 euros; las graves oscilarían entre 50.000 a 300.000 euros; y las muy graves de 300.000 a un millón de euros.

Asimismo, los nacionalistas vascos disminuyen los tipos de gravamen al considerar los del proyecto (que oscilan entre el 15 y 25%) "excesivamente altos" en comparación a otras regulaciones de la UE, al igual que CiU, pero éstos en menor medida.

ERC-IU-ICV ahonda también en las delimitaciones de aquellas personas que tienen prohibido el juego o están incapacitadas legalmente para ello y en la prevención de las conductas adictivas, así como en la protección de los derechos de los menores.

Este grupo, que ha presentado diez enmiendas, añade una disposición adicional al texto para garantizar el futuro de los trabajadores, funcionarios y personal laboral de la extinta entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en su integración en la nueva entidad resultante.

Por su parte, en sus 15 enmiendas, el Grupo Socialista propone que el presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego no puedan ejercer actividad profesional privada relacionada con el sector durante los dos años posteriores a su cese.

Los socialistas creen que el Consejo Superior de Deportes debe ser oído con carácter previo a que el Ministerio de Economía y Hacienda establezca las entidades beneficiarias y las cuantías que éstas reciban procedentes de las apuestas deportivas del Estado.

La Comisión Nacional del Juego, que recaudará y gestionará la tasa por la gestión administrativa del juego, podrá acceder a las bases de datos de las administraciones públicas para evitar el acceso a esta actividad de menores o personas que hayan pedido voluntariamente que se les impida, según plantea el PSOE.

Con tanta enmienda, las conocidas y las que están todavía por conocer, algunos nos preguntamos qué queda sin enmendar del artículado...

Información relacionada:

ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO 121/000109 Proyecto de Ley de regulación del juego. BOCG 31 de marzo de 2011 Núm. 109-8

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