Según AEDAPI, las enmiendas más positivas son el descenso del tipo impositivo, la concesión de licencias basadas en autorizaciones administrativas y las limitaciones a LAE y ONCE

Hoy entre los temas que configuran la agenda del Congreso, estaba previsto al final del Pleno la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley de regulación del juego, pero al final ha sido aplazada al 5 de abril. Uno empieza acostumbrarse a los aplazamientos, y cada día que pasa, no veo muy claro que la ley vaya aprobarse en junio según afirman unos y tal como vaticinan otros…yo me mantengo en mis 13, y vuelvo a repetir: va a ser que no…

Mientras las asociaciones, empresarios y grupos políticos hacen sus valoraciones.

La AEDAPI considera que la mayoría de enmiendas presentadas contribuirán a dibujar un marco regulatorio coherente


• Los grupos políticos han presentado más de 200 enmiendas relacionadas con el Proyecto de Ley de Regulación del Juego


• El descenso del tipo impositivo, la concesión de licencias basadas en autorizaciones administrativas o las limitaciones a LAE y ONCE se perfilan como las enmiendas más positivas


• El cierre temporal de operaciones y el establecimiento de servidores en territorio español se establecen como las enmiendas menos favorables para el sector


La AEDAPI analiza las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y considera que las más de 200 enmiendas propuestas contribuirán a crear un mercado con una regulación coherente que beneficie a la industria y a los usuarios. En este sentido, es importante recordar que se trata de una Ley digital que debe dar seguridad a los usuarios y grupos sensibles pero teniendo en cuenta las características de Internet y, muy particularmente, los intereses de los usuarios que serán, al final, quienes escogerán dónde quieren hacer sus apuestas.


Del total de propuestas presentadas, la AEDAPI considera que hay una serie de enmiendas muy positivas que, de aprobarse, contribuirán a crear un marco legal competitivo para la industria del juego online y atractivo para los usuarios. A continuación se citan algunos ejemplos:


- La mayoría de los grupos políticos abogan por un sistema de concesión de licencias basado en autorizaciones administrativas y no mediante un procedimiento de concurso público que pueda derivar en un número limitado de licencias y que sería contrario a crear un mercado competitivo y atractivo para los operadores. El PP, CIU, PNV y BNG han coincidido en esta propuesta.


- Los grupos parlamentarios apelan a una reducción del tipo impositivo (variable según cada grupo parlamentario) con la finalidad de configurar un mercado atractivo para los operadores de juego extranjeros y nacionales, con capacidad para competir con otros mercados de la Unión Europea. A este respecto, PNV propone reducir el tipo impositivo a un 10% y CIU propone hacerlo sobre un 20%, en lugar del 25% actual que, de no ser modificado, sería uno de los tipos más altos de Europa en materia de juego.


- La voluntad expresada por algunos partidos políticos de acotar el concepto de loterías propuesto en el Proyecto de Ley para limitar los privilegios que, según el Proyecto de Ley, van a tener LAE y la ONCE. En este sentido, esta enmienda contribuye a dibujar un mercado de libre competencia capaz de crecer y limita los beneficios de algunos competidores sobre otros. Tanto el PP como CIU han apoyado está enmienda.


Si bien es cierto que se han presentado enmiendas muy positivas para la industria también se han propuesto otras menos favorables que, de salir adelante, favorecerán la creación de un marco legal falto de competitividad y poco coherente con Internet. Algunos de los ejemplos destacados son:


- El establecimiento de un periodo de cierre de operaciones en el que los operadores de juego online deberán borrar bases de datos y pedir autorización expresa a los usuarios españoles además de no poder realizar actividades promocionales como patrocinios o publicidad hasta que obtengan una licencia para poder operar en España. En este sentido tanto el PP y PNV se han mostrado favorables a este cambio. La AEDAPI sostiene que en Internet quien decide es el usuario. A este respecto, bajo un tipo de régimen transitorio de cierre de operaciones, se favorecerá que los usuarios opten por productos no regulados fuera de la protección necesaria. La asociación estima que actualmente el 90% de los usuarios españoles están apostando en operadores serios, que están auditados o que incluso, en algunos casos, cotizan en Bolsa. Evitando el cierre de operaciones se tendrá la garantía de que ya en el primer día de funcionamiento de la ley, los usuarios españoles estarán jugando en empresas legales.


- El establecimiento de equipos tecnológicos y servidores en territorio español, denominado por el Proyecto de Ley como Unidad Central de Juego, puede suponer un obstáculo significativo para el establecimiento de operadores europeos. La AEDAPI opina que es un factor que mermaría el atractivo del mercado español y considera que tener un sistema que permita al regulador la accesibilidad a los equipos del operador en tiempo real es totalmente viable y permite un control exhaustivo sin necesidad de establecer la totalidad de los equipos tecnológicos en España. El PP ha sido uno de los grupos que ha apoyado esta medida.


Otro de los aspectos destacados, aunque en un segundo plano, ha sido la implicación de los operadores del juego online con el deporte. En este sentido, el sector realiza importantes inversiones en patrocinios deportivos y en publicidad directamente relacionada con el deporte y considera que una legislación positiva solo hará que favorecer un aumento de la inversión en este campo.


“El hecho de que se haya presentado un número elevado de enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos indica por un lado que aún hay mucho trabajo por hacer y, por otro, que vamos en la dirección adecuada para construir un marco positivo. Hay una batería de enmiendas muy positivas para el sector y que contribuirán, de ser aprobadas, a configurar un marco regulatorio atractivo” afirma Sacha Michaud, Presidente de la AEDAPI.

Codere resume su posición en el siguiente documento:

CODERE ante la futura ley del juego


Introducción


El momento actual presenta una gran relevancia para el sector del juego, por cuanto que las Cortes Generales van a proceder a aprobar una nueva regulación que ordena la actividad empresarial en este sector.


La industria del Juego en España está articulada por un gran número de empresas que emplean directa e indirectamente a más de 100.000 trabajadores, aportan más de 5.000 millones de euros a las distintas administraciones públicas por la vía de impuestos de juego y otras modalidades tributarias y gestionan, en términos de cantidades jugadas en las diferentes modalidades autorizadas en España, más de 30.000 millones de euros al año.


Por todo ello, parece evidente la trascendencia de proceder, por primera vez en nuestra democracia, a regular con rango de ley un sector económico de esta relevancia.


En el inicio de los años noventa se constituyó una ponencia en la Cámara del Congreso de los Diputados que llevó a cabo un estudio de la situación del Juego en España y cuyas conclusiones reflejaron la preocupación por el impacto social de la actividad sobre grupos vulnerables, la protección y la seguridad jurídica de los jugadores, así como la conveniencia de planificar y limitar la oferta de publicidad sobre juegos de azar, en un contexto de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.


Desde entonces, los elementos básicos del sector han cambiado poco:


- El Estado ha seguido operando las loterías en régimen de monopolio y los límites de sus competencias han sido definidos por el Tribunal Constitucional.


- La ONCE ha seguido operando por cesión histórica del monopolio del Estado su sorteo tradicional, una lotería pasiva, y ha incorporado sorteos activos.


- Todas las comunidades autónomas, en virtud de sus estatutos de autonomía, tienen en la actualidad competencias exclusivas en materia de juegos y apuestas, a excepción de las loterías del Estado y las quinielas.


En ese marco, se ha desarrollado una potente industria de Juego autorizado en España, fuertemente reglamentada e intervenida por la Administración, soportando una carga fiscal muy considerable. Esta industria, la autorizada en España, había desplazado la ilegalidad a índices crecimiento del Juego por Internet, ofertado a residentes en España desde Gibraltar y otros paraísos fiscales por operadores que se justifican en inexistentes derechos derivados de los Tratados Europeos.


Ante esta situación de ‘ilegalidad’, que no alegalidad, CODERE ha decidido iniciar actuaciones ante los tribunales, presentando recientemente una demanda por competencia desleal y publicidad ilegal contra uno de los operadores que protagonizan esta actividad.


En este contexto, la regulación de los nuevos canales on-line de Juego resulta absolutamente necesaria y así ha sido reclamado por el Sector desde hace varios años.


Análisis de la ley del juego


A finales de 2007, el Parlamento español aprobó la ley 57/2006 que en su disposición adicional vigesimosexta mandataba al Gobierno para la presentación de un proyecto de ley que regulase los diversos aspectos del juego telemático.


El Proyecto de Ley, que se encuentra en tramitación en la Cámara, aborda diversas cuestiones:


- El proyecto establece una reserva de actividad a favor de los operadores públicos, LAE y ONCE, en relación con la actividad de loterías. La convivencia en nuestro modelo tradicional de juego público y juego privado constituye un elemento esencial de nuestro sistema que debe ser asegurado en la nueva regulación.


- El proyecto define el nuevo modelo de asignación de licencias de juego para los operadores online. Garantizar un sistema equilibrado y objetivo de desarrollo de una oferta profesional de juego a los ciudadanos debe ser una pieza fundamental del proyecto.


- Por último, el proyecto debe abordar la situación de las empresas que han venido desarrollando actividades de juego on line de manera ilegal por carecer de licencia para ello, no contribuir a la Hacienda pública y no generar ningún tipo de riqueza ni empleo en España.


Posicionamiento de CODERE ante la ley del juego

En relación con estos aspectos fundamentales que vertebran el proyecto de ley de regulación del Juego en España, se articulan las siguientes propuestas de mejora:


- Los operadores públicos, LAE y ONCE, mantienen una reserva de actividad y una serie de privilegios asociados a la misma que solamente tienen causa en el ejercicio de la actividad de loterías.


Cualquier otra modalidad de juego que en el futuro puedan desarrollar deberá estar asociada al cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cualquiera de las empresas operadores en España: pago de tributos, obtención de autorización por las administraciones competentes, etcétera, para garantizar la competencia en condiciones de igualdad.


- La regulación de un mercado nacional en el contexto de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la misma, deben garantizar el desarrollo armónico de un mercado dotado de los requisitos que garanticen la presencia de operadores expertos en el sector, solventes financieramente y que constituyan sociedades específicas con sede en España para el desarrollo de esta actividad.


Las instalaciones técnicas de soporte del sistema deberán igualmente radicarse en España para garantizar su supervisión y control por las autoridades competentes.


- Por último, la realización de la oferta del juego desde un dominio.es debe ser igualmente un requisito para la operación.


Respecto a la situación generada por los operadores que han venido realizando actividad de juego y publicidad de la misma de manera ilegal y sin contar con licencia expedida por la autoridad competente para ello:


- El proyecto de ley parece respaldar a los operadores ilegales, a quienes han desarrollado la actividad aun estando tipificada como delito por la legislación de contrabando, como así ha reconocido el Tribunal Constitucional expresamente.


Las empresas que han venido desarrollando actividades ilegales en España obtendrían impunidad por las infracciones administrativas y delitos penales cometidos en el pasado, al derogarse el tipo penal de contrabando de géneros prohibidos y ventaja ilegal en la competencia económica con los operadores legales que inician ahora su actividad legalmente con base en la ley que permite, por primera vez en España, esta actividad.


- El proyecto reconoce el estatus de los operadores ilegales que van a poder desarrollar la actividad con el fondo de comercio y la clientela creada durante el periodo de ilegalidad, lo cual constituye una ventaja en el mercado discriminatoria e inadmisible.


- Resulta inaceptable el planteamiento de regularización subyacente en la disposición transitoria octava que permite mantener contratos de patrocinio por parte de operadores sin licencia para ello, es decir, ilegales.


- Resulta absolutamente necesario adoptar un conjunto de enmiendas que permitan equilibrar el proyecto en su redacción actual y establezcan condiciones de igualdad entre aquellas empresas que han respetado la legalidad vigente, y por ello no han operado juego on line sin licencia en los últimos años, frente a aquellos, que basados en paraísos fiscales, sin control alguno de juego de menores y de personas con especial necesidad de protección frente al juego, han desarrollado una actividad que según sus propias declaraciones les ha generado importantes beneficios económicos. Por todo ello se propone:


o Bloqueo del uso de las bases de datos de clientes obtenidas durante el periodo de ejercicio de la actividad de manera ilegal, como se ha llevado a cabo en Francia y bajo la supervisión de la autoridad reguladora del mercado


o Desarrollo por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los planes de inspección necesarios para promover la regularización fiscal de los impuestos no satisfechos en los últimos ejercicios

o Mantenimiento de los contratos de patrocinio deportivo exclusivamente por parte de las entidades que se encuentren al día de sus obligaciones fiscales.


o Mantenimiento de la vigencia de la normativa que remite a la Ley de Contrabando y al Código Penal, la realización de actividades de juego sin licencia para ello; bloqueo durante un periodo de tiempo razonable, de al menos dos años, para desarrollar actividades en el nuevo mercado que aquí se crea, impidiendo que obtengan autorización.


o Armonización de la fiscalidad de juego online y el juego físico.


El Grupo CODERE insiste en la importancia de tener una adecuada regulación para un sector que en España supera el 1% del PIB y que, hasta la fecha, sigue viviendo en una evidente carencia normativa. La experiencia del Grupo CODERE, en su condición de empresa con vocación internacional, operando en ocho países diferentes y desarrollando un gran número de licencias concedidas por las diversas autoridades de juego, debe servir de referencia para acertar con el modelo de juego más adecuado para España.

El PP, resume sus 64 enmiendas en la siguiente noticia publicada en su web:

El PP insta al Gobierno a dar marcha atrás a la privatización de Loterías y Apuestas del Estado


El Grupo Popular ha presentado más de 67 enmiendas al Proyecto de Ley de regulación del Juego con la pretensión de mejorar un Proyecto que el Gobierno ha elaborado "sin escuchar las demandas del sector"


El PP ve en estas "prisas" la intención del Ejecutivo de "llevar a cabo cuanto antes y como sea la anunciada privatización de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con la clara voluntad de hacer caja".


Prueba de ello es "la negativa del Grupo Socialista a que en el trámite de comparecencias que se abrió a solicitud del GPP compareciera la directora general de LAE y el secretario de Estado de Hacienda".


Las principales enmiendas de las más de 67 presentadas son las siguientes:


• Rectificar la decisión de privatizar el 30% de Loterías y Apuestas del Estado. El Grupo Parlamentario Popular se opone a la venta de LAE para hacer caja.


• Sustituir el sistema de otorgamiento de licencias a través de concesiones administrativas limitadas a cinco operadores por el de autorizaciones administrativas a todos aquellos que cumplan las condiciones solicitadas, fomentando así un mercado más competitivo.


• Sustituir como regulador de la actividad del juego la Comisión Nacional del Juego que propone la Ley, por la Dirección General de Ordenación del juego, ya existente, evitando incrementar el gasto público y utilizando al máximo posible las estructuras existentes.


• Aprobar un Real Decreto que regule los porcentajes y régimen de participación y distribución del retorno de la recaudación de las apuestas deportivas e hípicas.


• Destinar a favor de fundaciones o, en general, a ONG´s que tengan relación con los sectores industriales o deportivos en los que se sustente el juego y/o apuestas, así como a aquellas dedicadas a la prevención y el tratamiento de la ludopatía, el importe de los premios que no fueran satisfechos a los particulares, cuando no fuera solicitado su cobro.


• Incluimos el procedimiento de notificación y retirada de servicios de publicidad de juego electrónico ilícito y procedimientos de bloqueo al acceso al servicio de juego electrónico ilegal, en consonancia con lo solicitado por editores y medios de comunicación.


• Fomentar la homogeneización por parte de las CCAA de los diferentes regímenes jurídico y fiscal existentes, así como la regulación en materia de publicidad, patrocinio y promoción aplicable a cualquier modalidad de juego.


• Eliminar la capacidad de las CCAA de incrementar en un 20% la fiscalidad del nuevo impuesto sobre las actividades del juego.


• En caso de que el Gobierno siga adelante con los planes de privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado, la valoración de dicha entidad deberá ser equivalente a un volumen de deuda pública, cuyo rescate suponga un ahorro de intereses similar en términos reales a los ingresos perdidos por la Hacienda Pública. Es decir, la pérdida de ingresos recurrentes anuales por la venta de loterías debe ser compensada por un ahorro equivalente de gasto de intereses actualizado por la inflación.


• Establecer beneficios fiscales para el ejercicio del juego de operadores radicados en Ceuta y Melilla.


• Garantizar que el desarrollo reglamentario de la Ley se rija por la proporcionalidad y la ausencia de restricciones de entrada al mercado a la hora de establecer requisitos para la obtención de títulos habilitantes, fomentando así la competencia en el mercado.


• Obligar al Ministerio de Economía y Hacienda a aprobar un catálogo comprensivo y definitorio de todos los tipos de juego que pueden desarrollarse en cada modalidad de juego. La Orden Ministerial incluirá como mínimo la denominación de cada juego, las bases de las reglas propias a que deba someterse y aquellos otros requisitos para el desarrollo de los juegos en atención a los caracteres propios del mismo.


• Crear unidades y equipos de inspección especializados en el seno de la AEAT en la comprobación tributaria de los operadores de juego, en especial respecto de aquellas empresas que hayan ofrecido sus servicios desde otras jurisdicciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.


• Aplicar la legislación en materia de contrabando a la prestación de servicios de juego careciendo para ello de los títulos licencias o autorizaciones habilitantes establecidos en la Ley cuando se den la cuantía y demás circunstancias previstas en la Ley Orgánica de Contrabando.

No voy a entrar a valorar las distintas enmiendas, las posiciones enfrentadas entre el sector presencial tradicional y el sector online. Sin embargo es obvio que sería un error aprobar una ley restrictiva,  fiscalizadora  y poco competitiva ya que no sólo conseguiría la retirada de las empresas operadoras online europeas sino la huida masiva de los mismos jugadores...

Información relacionada:

ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO 121/000109 Proyecto de Ley de regulación del juego. BOCG 31 de marzo de 2011 Núm. 109-8

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