Según ha anunciado la organización a Europa Press: La ONCE planea extender su modelo de juego responsable a Europa en 2012 para garantizarse los recursos necesarios para mantener su modelo de acción social y de generación de empleo para personas con discapacidad en España, según ha anunciado la organización.
Este paso de la ONCE se produce después de que este año se haya aprobado la Ley del Juego, que regula por primera vez en España el negocio de las apuestas 'online' y, previsiblemente, dará entrada a partir de 2012 a multitud de nuevos operadores al mercado del juego en Internet.
La organización considera que esta competencia sumada a la cada vez mayor internacionalización de los mercados, "podría poner en riesgo su modelo social y de creación de empleo", por lo que apuesta por extender sus juegos a Europa para "poder hacer frente al futuro con garantías".
La normativa actual ya permite a la ONCE participar en juegos de carácter multijurisdiccional en el Espacio Económico Europeo, aunque antes de que pueda hacerlo el Consejo de Protectorado (en el que están presentes los Ministerios de Sanidad y Política Social, Economía y Hacienda, Interior y Trabajo e Inmigración) tendrá que verificar que la iniciativa de la ONCE se ajusta a los requisitos y procedimientos contemplados en dicha normativa.
La ONCE espera que esta iniciativa, junto con las acometidas en 2010, con la ampliación del canal físico complementario de venta solidaria, el esfuerzo de los 21.000 vendedores, todos con discapacidad, además del fenómeno social generado con el sorteo especial del 11/11/11, servirán para afianzar el futuro de la ONCE y su apuesta por el empleo de calidad.
En 2011, a pesar de la situación económica, se impulsaron más de 5.000 nuevos empleos, se convirtió en indefinido el contrato de 800 vendedores de cupón, y se formó a más de 36.000 personas con discapacidad para mantener y mejorar sus opciones en el mercado laboral.
Además, la ONCE y su Fundación lograron impulsar en 2011 más de 5.000 nuevos empleos, la mayoría ocupados por personas con discapacidad, con lo que elevan a 136.000 las personas que dependen directa e indirectamente de la organización, más de 112.000 (el 82%) con algún tipo de discapacidad.
Otra noticia que completa la anterior, la ha dado el diario Siglo XXI: El Congreso convalida prorrogar los acuerdos vigentes del Gobierno con la ONCE
Este lunes día 12, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de actualizar y prorrogar los acuerdos vigentes con la ONCE para garantizar su estabilidad financiera y su acción social hasta 2021.
Todos los grupos parlamentarios, excepto IU, que se abstuvo, votaron a favor de la convalidación del Real Decreto Ley 18/2011 por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la ONCE.
De esta manera, el Consejo de Ministros acordó prorrogar y actualizar hasta el 31 de diciembre de 2021, según lo previsto en el Real Decreto 1336/2005, la explotación de la lotería instantánea de ámbito nacional, uno de los instrumentos básicos para el adecuado cumplimiento de los fines de interés social de la ONCE.
El real decreto convalidado hoy adapta la normativa a las previsiones contenidas en la reciente Ley de Ordenación del Juego del 27 de mayo del 2011 y actualiza el importe de las cuantías relativas al volumen máximo de ventas y de emisión anual, así como el porcentaje destinado a premios dentro de cada emisión.
Asimismo, se renueva el Acuerdo General suscrito con la ONCE en 2004 en materia de cooperación, solidaridad y competividad para garantizar el cumplimiento de las funciones sociales que la Administración encomienda a esta organización.
El nuevo Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE se desarrollará en el periodo 2012-2021 y sustituye en su totalidad al anterior. Su objetivo es la proyección de la continuidad de los anteriores acuerdos a través de actualizaciones y mejoras en su contenido para asegurar la consecución del objetivo primordial: garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE para que pueda mantener la solvencia y calidad de la labor social que desempeña.
En consonancia con el nuevo contexto normativo definido en la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que abre el mercado liberalizado de juego a la competencia, se designa a la ONCE, junto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, como uno de los operadores a los que quedan reservadas en exclusiva las loterías de ámbito estatal. Esta regulación salvaguarda el régimen jurídico preexistente de la ONCE.
Reproduzco unos fragmentos de las distintas Intervenciones:
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE Año 2011 IX Legislatura Núm. 279 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ Sesión de la Diputación Permanente núm. 17 celebrada el lunes 12 de diciembre de 2011
- El señor ministro de Trabajo e Inmigración, Gómez Sánchez, expone las razones que han llevado al Consejo de Ministros a la promulgación del real decreto ley de referencia:
"…En lo que se refiere a las primeras medidas, quisiera reconocer antes de nada la valiosa actividad social, económica y empresarial que desarrolla la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Como es sabido, la Ley de Economía Social, que fue aprobada por la Cámara por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias el pasado mes de marzo, atribuía a la ONCE la condición de entidad singular en este ámbito de la economía social.
Esta singularidad estriba, como aspecto más destacado, en que el Estado le confiere la responsabilidad de atender a las necesidades del colectivo de ciegos mediante un amplio sistema de protección social de carácter especializado, un sistema concebido para garantizar la autonomía personal y la plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave mediante la prestación de determinados servicios sociales. Para ello se configuraba un marco jurídico cuya pieza fundamental es el Real Decreto 358/1991, que fue ampliamente modificado el pasado mes de marzo para reforzar su carácter social, un decreto que cuenta como elemento adicional de gran relevancia con el acuerdo general entre el Gobierno y la ONCE en materia de cooperación, en materia de solidaridad y de competividad; un acuerdo que, como saben sus señorías, fue renovado para el periodo 2012-2021 por el Consejo de Ministros el pasado 18 de noviembre. Con él se pretende garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE, una estabilidad necesaria en aras de mantener su solvencia y la calidad de la labor social que desempeña, una labor que tiene como una de sus manifestaciones más destacadas el hecho de que la ONCE sea en este momento la mayor empleadora de personas con discapacidad en este país, un dato particularmente relevante en un contexto de crisis económica tan grave como el actual.
A partir de estas consideraciones cabe entender mejor el sentido de la medida contenida en el decreto-ley que hoy sometemos a convalidación. Por ello, la extraordinaria y urgente necesidad de garantizar a la ONCE a partir del 1 de enero del próximo año 2012 recursos financieros suficientes para el mantenimiento de su actividad ha llevado al Gobierno a establecer una nueva bonificación de cuotas a la Seguridad Social. Se contempla en concreto el derecho para la citada organización a disfrutar de una bonificación del cien por cien en todos los contratos celebrados con personas con discapacidad a partir del 1 de enero del año 2012..."
En turno de fijación de posiciones intervienen entre otros los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Sr. Jorquera Caselas del Grupo Parlamentario Mixto:
"Intervengo brevemente para expresar el voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
Desde nuestro punto de vista, el apoyo financiero a la ONCE está justificado por la labor social que desempeña, favoreciendo la integración de miles de personas con discapacidad a través de políticas de inserción laboral y del mantenimiento de centros educativos, sanitarios y formativos para dichas personas y su entorno familiar. Se trata de una labor de servicio público, pues viene a sustituir el papel que las administraciones deberían desarrollar para lograr la plena integración de las personas con discapacidad. La aplicación de una bonificación total de las cuotas empresariales podría ser discutible en otro contexto, pero ante la delicada situación económica de la ONCE, agravada por la crisis económica y la proliferación de juegos y apuestas, creemos justificada esta medida, todo ello sin perjuicio de que en el caso de que varíe esta situación se pueda hacer una revisión de la medida, transformándola en otras que representen un menor coste para las arcas públicas."
- Sr. Gaspar LlamazaresTrigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds:
"...tenemos discrepancias sobre la medida que se propone con relación a la ONCE, no porque dudemos de los fines de la institución, sino porque nos llama la atención el esfuerzo que se realiza desde el punto de vista presupuestario y, sin embargo, la falta de correspondencia por parte de la propia ONCE.
Señorías, quiero recordarles que vamos a dedicar 61 millones de euros —lo ha dicho el propio ministro—para mejorar la financiación de la ONCE con exenciones fiscales del cien por cien en la cuota patronal, pero la ONCE a lo largo de los últimos cinco años —les voy a dar unos datos— ha reducido la plantilla de 23.000 a 20.000 trabajadores. La ONCE ha rebajado la categoría de once de las dieciséis oficinas que tienen las capitales de las comunidades autónomas y además pretende fusionar las oficinas de Asturias y Cantabria y de Navarra y La Rioja. Creemos que no hay correspondencia por parte de la ONCE en cuanto al esfuerzo que hacen las instituciones públicas con lo que debería ser una posición mucho más transparente.
En nuestra opinión esta iniciativa, esta exención, debería articularse para el conjunto de empresas que contraten personas con discapacidad. No vemos a la ONCE convertida prácticamente en un gueto para los discapacitados. Creemos que puede ser también un punto de partida para otro tipo de responsabilidades hacia trabajadores o autónomos. Por otro lado, en nuestra opinión, esta iniciativa debería tener como contrapartida un mayor control del Estado sobre el cumplimiento de los fines de la ONCE —no hay ninguna contrapartida—.
No es admisible que a quien se le adelgazan costes por este volumen se le autorice a que pueda ejercer la venta de productos sin plantillas y por tanto sin coste laboral alguno, como hizo el Consejo de Ministros el 25 de septiembre de 2009. No es justo que se exima de las cuotas de la Seguridad Social a directivos que cobran altos sueldos y que se niegan a su publicación.
En definitiva, nosotros creemos que hay que condicionar las ayudas del Estado a la ONCE a que esta cese también su política de despidos, su política —en nuestra opinión— escasamente transparente y participativa en el seno de esta organización. Por eso no queremos dificultar la aprobación de esta iniciativa y nos vamos a abstener, porque creemos que no hay suficientes contrapartidas por parte de la ONCE, cuando hay un esfuerzo muy importante que va a costar una cantidad muy considerable en un momento de crisis al presupuesto público y, por tanto, debería tener una mayor transparencia y una mayor capacidad de compromiso.Muchas gracias."
-Sr. Olabarría Muñoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV):
"...Nosotros no participamos de ninguna de las reservas indicadas por el señor Llamazares y estamos en condiciones de hacer una reflexión apologética en los términos en los que lo ha hecho el ministro sobre la ONCE. Desde hace veintitrés años es la organización que se dedica con un carácter más solidario y con más intensidad a la protección de las personas afectas no solo por la ceguera sino por otro tipo de discapacidades, que no son todas, señor ministro. Usted ha dicho que a todos los que contraten a personas afectas por algún tipo de discapacidad.
No: a los que contraten a definidos como tales por la Ley 51/2003. Nos parece de puro sentido común, dado que los problemas a los que se refería el señor Llamazares seguramente también están vinculados a que su fuente de sostenimiento económico fundamental sigue siendo el juego —el juego como fuente principal, casi exclusiva—, y también el juego ha sido afectado entre los requerimientos de la crisis económica y estos problemas dimanantes en cuanto a la financiación o las posibilidades de financiación que esta organización solidaria —respecto a la cual desde hace veintitrés años no tenemos ninguna duda de que es la que más intensamente está trabajando por los requerimientos y los derechos que la propia Constitución reconoce a las personas con discapacidad— se merece, y qué menos que el reconocimiento de las bonificaciones de cuotas que se consignan en el real decreto-ley, el cien por cien para las contingencias comunes, incluidas la de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, así como el cien por cien de las cuotas empresariales incluidas en las cuotas de recaudación conjunta de las personas que en este momento gestionan la ONCE. Desde esa perspectiva, no tenemos ningún reparo, no tenemos ninguna objeción que realizar, es algo que se corresponde con un requerimiento elemental de justicia inmaterial con relación a la organización que con más intensidad, desde hace más tiempo y con más claridad —al fin y al cabo no deja de ser un patronato bajo la dependencia y tutela de los poderes públicos del Estado— se dedica a la promoción o la remoción de las dificultades que afectan a las personas con discapacidad..."
Hay que tener en cuenta que a partir del año 2012, las obligaciones de abono de las asignaciones financieras a favor de la ONCE dejan de ser asumidas con carácter transitorio por la LAE y pasan a ser asumidas por la Administración General del Estado, en los términos previstos en la legislación de regulación del juego de ámbito estatal. La ONCE acondiciona su red de ventas consigue rebajar plantilla y costes, se prepara para vender otros juegos por otros canales y apunta hacia Europa.
Seguro que alguno de mis detractores va a decir, ésta nos vuelve a lanzar otro infumable “mega tocho post” pero es interesante ver por dónde van los tiros, unos piden licencia pero otros no pierden el tiempo, la ONCE está allí preparada para competir en un nuevo escenario pero con la ventaja de estar arropada por el Estado...
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