El pasado viernes 13, día de mal fario para algunos, el Boletín Oficial de la República Argentina sorprendía con la publicación de la denuncia del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino al “Convenio entre la República Argentina y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal” en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en
vigor desde julio de 1994.
La citada denuncia ha sido efectuada el 29 de junio de 2012,
resultando de aplicación efectiva desde el 1 de enero de 2013.
Sobre la base de las disposiciones del citado convenio, este
dejará de tener efecto:
• En relación con los tributos en la fuente sobre cantidades
pagadas a no residentes a partir del 1 de enero de 2013.
• En relación con los demás gravámenes, a los ejercicios
fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2003.
Y, ¿Para qué sirven los convenios para evitar la doble imposición? La existencia de los convenios para evitar la doble imposición es esencial
para promover las inversiones exteriores, bien sean extranjeras en España o de
capital español en el exterior, ya que dotan de seguridad jurídica a los
inversores y reducen la fiscalidad de dichas inversiones.
El sábado 14, el diario ABC sorprendía con la publicacíon del siguiente titular:
Kirchner propina otro
revés a España: denuncia el tratado de doble imposición
Tres meses después de la intervención y expropiación de Ypf
a Repsol, el Gobierno argentino decidió romper el tratado de doble imposición
entre España y Argentina. La medida se interpreta como un mensaje de hostilidad
a las inversiones españolas y extranjeras. Asimismo, se traduce en una mayor
carga fiscal para las empresas y las personas físicas. Eso en el plano
económico pero en el político, supone un nuevo revés a las maltrechas
relaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Mariano Rajoy, “sabían que el
momento es poco oportuno pero no les ha importado”, advierten fuentes
españoles.
El mencionado convenio regía entre ambos países desde hace
veinte años. De acuerdo al mismo, ambas partes tenían de plazo hasta el 29 de
junio para denunciarlo, en caso de dejar pasar esa fecha, él mismo regiría, de
forma automática, otro año más.
Las conversaciones para evitar lo que hoy es un hecho
arrancaron hace semanas, ya que las objeciones de Argentina se plasmaron antes
del plazo mencionado. Desde la Embajada de España, según fuentes de la legación
diplomática, se hicieron “todos los esfuerzos posibles” para evitar una ruptura
unilateral. No obstante, la decisión política estaba tomada. La medida entra en
vigor a partir del 1 de enero del 2013. Hoy salió publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
Entre las multinacionales más afectadas figura Telefónica
que, en un primer análisis, estima que tendrá que sacar de sus arcas unos 40
millones de euros más. El convenio permitía hacer las declaraciones de la renta
en un único país. “El deterioro financiero y fiscal así como el maltrato a las
inversiones españolas que apostaron por Argentina en el marco del convenio es
notable”, advierte una parte interesada.
Una delegación argentina, que incluía representantes de la
Cámpora, la organización juvenil que lidera Máximo Kirchner, se trasladó a
Madrid para formar parte de la mesa de diálogo en días pasados. Volvió a
Argentina con la misma idea e instrucciones que había recibido de la Casa
Rosada: Denunciar el Convenio.
«Tendremos que pagar dos veces»
Un ejecutivo español ilustra alguno de los escenarios con
los que las inversiones de capital español se pueden encontrar a partir de
enero: “habrá casos en los que tendremos que pagar dos veces por el mismo
concepto, en España y en Argentina. Nuestros costes aumentarán muchísimo”. La
razón de fondo, según la misma fuente, "es la necesidad de caja, el déficit
fiscal es un problema que no logran resolver. Por cierto, añade, tampoco el
comercial"
Argentina denunció el mismo convenio con Chile meses antes y
tiene pendiente con Suiza la puesta en marcha de otro de similares
características pero, a la vista de lo sucedido, se descarta que llegue a
entrara en vigor. Los argumentos del Gobierno de Kirchner es que el convenio de
doble imposición –sin mácula desde hace dos décadas- se utilizaba
maliciosamente por las empresas para desviar fondos a paraísos fiscales.
La decisión se produce, después de que Kirchner expropiara
Ypf a Repsol y 24 horas más tarde de que la presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner hiciera mofa de la calva del ministro de Economía, Luis de Guindos y
del rescate de la UE a la banca española.
Otras opiniones de asesores y empresarios
Gabriel Hermida, socio de Goldemberg & Asociados, opina que
"básicamente, esto implica el decaimiento de la aplicación de la alícuota
reducida de la retención del impuesto a la renta cuando se paguen a
beneficiarios de rentas en España por regalías, intereses de préstamos,
servicios, dividendos de empresas vinculadas en la Argentina y, asimismo, la no
utilización como sociedades holdings de empresas argentina, de las Entidades de
Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) españolas".
Además, desde el 1 de enero de 2013 caerá la posibilidad de
evitar el pago del Impuesto a los Bienes Personales - Responsable Sustituto que
se venía utilizando a través de este tipo de sociedades en España.
Claramente este tipo de medidas, no hace más que alejar la
posibilidad de inversiones, dado que en los últimos años se han denunciado los
CDI con Austria y Suiza, y en el último mes, los de Chile y España".
Al respecto, una fuente oficial que participa de las
negociaciones indicó al diario La Nación: "Mientras España no acepte que las ETVE son una
forma de perjudicar a la Argentina no habrá nuevo acuerdo; la idea es favorecer
a sociedades que estén ligadas a inversiones reales". Una fuente del
sector privado con acceso a las negociaciones indicó que si España no fue
notificada en tiempo y forma, podría presentar una demanda internacional por
esta cuestión. Otra representativa fuente de las empresas de ese país expresó
que esperan (y ruegan) que haya un acuerdo antes de fin de año.
El fiscalista de KMPG, Lucio Giaimo explicó que el efecto
automático del fin del tratado es que "las empresas argentinas cuyos
accionistas son españoles pasarán a pagar bienes personales; si bien este
impuesto grava a las personas, en el caso de los directivos de las sociedades,
el impuesto lo paga al fisco primero la empresa, y luego, según el acuerdo
particular que tenga, se le retiene el dinero al ejecutivo. La segunda pérdida es
que las empresas pasarán a pagar una tasa que ronda el 12% en ganancias al 35%,
como el resto de las sociedades.
Tanto las sociedades plataforma como las ETVE en muchos
casos se arman sólo como holdings a los efectos de aprovechar una ventaja
fiscal, pero el Gobierno podría haber solucionado estos abusos con inspecciones
fiscales".
Además, he pedido la opinión de un consultor español gran conocedor de las empresas de juego españolas que operan en Argentina que me ha pedido preservar el anonimato.
Argentina, juego de
ajedrez
"Me pides valoración de las noticias que
llegan de Argentina sobre el sector del juego y muy concretamente sobre Codere
y Cirsa.
A mi entender el nivel de preocupación de estas empresas
después del caso Repsol es más que justificado y por lo que observo
fundamentalmente Codere está jugando una partida de ajedrez contra el equipo de
la presidenta.
Tras el movimiento de apertura: Expropio Repsol y haré lo
mismo con otras empresas españolas, la presidenta reactiva la idea de no renovar el convenio de doble imposición con España.
Con este movimiento logra el efecto de cobrar el impuesto de
sociedades en Argentina que a su vez no sería deducible en España por lo que la
rentabilidad de los negocios para los actuales accionistas, baja. En estas
circunstancias, como la valoración de las empresas normalmente se hace en
función de un múltiplo del EBITDA corregido por la rentabilidad real y potencial al accionista, si hace un tercer
movimiento el de la expropiación o la vía de no renovación de las licencias, la
indemnización que pudiesen determinar los tribunales sería muy inferior a la
que se produciría con la renovación del convenio de doble imposición
vigente.
Que en Codere están preocupados por los movimientos de la
Presidenta, lo evidencia el editorial de Azar del domingo criticando a los que hacen eco de las noticias sobre este asunto. Yo es el primer Azar Plus que
veo publicado un domingo!!!
Codere mueve ficha y se va a la oposición de la presidenta
del distrito federal de Buenos Aires, para que le renueven de manera anticipadalas licencias que vencían en 2015 y parece que los argumentos del "pago de aguinaldos" es
suficientemente poderoso como para que el Gobernador de Buenos Aires firme la
renovación. ¡Buen movimiento! porque de esta manera en un cálculo de
expropiación la liquidez que produce a los accionistas es más baja pero el
multiplicador de años es más alto, además de reclamar la devolución de los
"aguinaldos anticipados" Conclusión: ¡Jaque a la reina, digo a la presidenta!,
pero ahora mueve ficha la Sra. y ha puesto un alfil al ataque para que ponga en
duda la transparencia y corrección de esta renovación.Te apuesto a que esto acaba en la Corte de Justicia para volver a devaluar las licencias en caso de expropiación. Se admiten apuestas."
En este preciso instante, en un entorno de riesgo y de inseguridad jurídica para las compañías españolas de juego (cirsas, coderes...) o no de juego (telefónicas, ypfs, bbvs, santanderes...) y de un más que probable aumento de la fiscalidad de sus inversiones, en este escenario de incertidumbre (aquí y allí), no me atrevo a pronosticar el desenlace final de la partida: ¿Jaque mate o tablas?...y, ¿lo deseable? ummm...de momento, me quedo en tablas...
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